Poveda León, S. N., Rodríguez Baquero, M. A., y Vargas Figueroa, M. C. (2020). Genocidio de la UP: economía, conexiones teóricas con Negri y Hardt, y políticas de memoria. Humanitas Hodie. 3(1). H31a1. https://doi.org/10.28970/hh.2020.1.a1

Introducción

El presente documento pretende explicar la compleja situación de la que fue objeto la Unión Patriótica, en adelante up, durante y después de su nacimiento como partido político y consolidación como primera fuerza política local en algunos departamentos en relación con la ubicación estratégica del país y su economía. Este escenario se relaciona con algunos elementos teóricos propuestos por Antonio Negri y Michael Hardt. También se señalan los esfuerzos en la reconstrucción de memoria por parte de los sobrevivientes del partido.

El siguiente texto se encuentra dividido en cuatro apartados. El primero detalla la ubicación estratégica de Colombia y muestra los principales elementos productivos del país que se vieron afectados en 1985 (tomando como base este año debido al nacimiento de la up).

En el segundo apartado se exponen los antecedentes y el origen de la up y algunos elementos de su agenda política; también se evidencian tres elementos que configuraron lo sucedido a la up como genocidio. Finalmente, se establece la conexión entre los elementos teóricos de amigo/enemigo, estado de excepción y biopoder, expuestos por Antonio Negri y Michael Hardt, con el caso de la up. Su propuesta teórica permite comprender las prácticas de la globalización (iniciada después de la caída del muro de Berlín), que fueron introducidas en el ordenamiento sociopolítico y económico colombiano a partir de la década de los ochenta. Con ello se observa la contradicción entre la agenda sociopolítica de la up, que proponía al Estado como garante de los derechos sociales, y el neoliberalismo como expresión de la economía mundial, que tiene como objetivo la pérdida de soberanía del Estado nación y la privatización de los derechos.

En el tercer apartado se visibilizan los esfuerzos por parte de los sobrevivientes del partido en la reconstrucción de memoria, y la dilatación por parte del Estado en relación con lo pactado con las víctimas y con las exigencias de la cidh para dignificarlas y garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Por último, se encuentran las conclusiones, entre las cuales se destacan que el genocidio de la up fue consecuencia de su poderío local, que ponía en riesgo la continuidad de las clases políticas dominantes en razón de sus propuestas como colectivo político. Así mismo, este hecho produjo que a raíz de su origen se construyera sobre ellos un relato negativo de enemigo de la sociedad civil. Finalmente, las propuestas de memoria que se identificaron son consecuencia de la conquista y de la lucha social por parte de las víctimas.

Unión Patriótica en clave de Negri y Hardt

Nacimiento y Persecución a la Unión Patriótica

Durante este apartado se encuentra el contexto nacional en el que nació el partido político up y algunas de las características de su agenda sociopolítica. Así mismo, se indican hechos que permiten definir como genocidio lo sucedido a los simpatizantes, militantes e integrantes de la up. Después de esta contextualización se establecen conexiones entre la situación de la up y algunos elementos teóricos propuestos por Antonio Negri y Michael Hardt.

Para comenzar a dilucidar el genocidio de la up, es importante precisar fechas históricas, empezando con la presidencia del mandatario conservador Belisario Betancur en 1982, quien posibilitó encontrar el camino hacia la reconciliación y el cese de hostilidades con grupos guerrilleros como la Fuerza Alternativa Revolucionara de Colombia, Ejercito del Pueblo (en adelante farc-ep), el Ejército de Liberación Nacional (eln) y el Ejército Popular de Liberación (epl) tras dieciocho años de enfrentamientos.

Durante su mandato fue aprobada la ley de amnistía por parte del Gobierno en 1982, que fue considerada el primer logro para generar una transición hacia una apertura política, entre cuyos puntos de reconciliación se encontraban “la desmilitarización de zonas campesinas y el desmonte de los grupos paramilitares en especial de Muerte a Secuestradores (mas) que perpetuaba los peores crímenes en vastas zonas agrarias con la anuencia de los militares” (Romero, 2011, p. 149).

Adicionalmente, algunos

[…] temas cruciales de la apertura democrática se relacionaban también con la elección popular de alcaldes y gobernadores, la eliminación de las talanqueras que quedaban del sistema bipartidista, la devolución de sus facultades a la rama legislativa arrebatadas por el Ejecutivo a través de decretos presidenciales, el acceso amplio de los sectores de oposición a la televisión, la modernización del sistema electoral, la plenitud de las libertades públicas y el respeto por la organización de los trabajadores, profundas reformas sociales y garantías de no volver a legislar a través del Estado de sitio. Este lo restableció de nuevo el presidente Betancur en abril de 1984 y sólo caería con la entrada en vigencia de la Constitución del 91. (Romero, 2011, p. 150)

De esta manera, los temas cruciales para dar cabida a la apertura democrática apuntaban a un pronto acuerdo de paz entre las farc-ep y el Estado, y asimismo a la negociación del conflicto armado interno. Para ello, en 1984 el grupo insurgente y el Estado colombiano firmaron “los Acuerdos de La Uribe” que posibilitaron el compromiso de cese al fuego y, por ende, las condiciones para que el grupo subversivo pudiera “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión” (Corporación Reiniciar, 2006, p.3). Así pues, surge la Unión Patriótica como resultado de los primeros acuerdos y también como mecanismo para que los excombatientes de las farc-ep ingresaran a la vida política del país.

Al ser un movimiento político, la up serviría para impulsar las transformaciones sociales, económicas y políticas para la consolidación de la paz. Sumado a esto, permitiría que algunos representantes del grupo armado participaran como activistas y dirigentes en conjunto con partidos como el Partido Comunista Colombiano (pcc) y otros que conformaron la up. A partir de lo anterior, el movimiento político comienza a darse a conocer públicamente mediante actividades de organización y sensibilización, dando paso al lanzamiento oficial de su plataforma y, por ende, al Primer Congreso Nacional de la up en noviembre de 1985:

La up recibe entonces el amplio respaldo del Partido Comunista Colombiano y de algunas vertientes democráticas de los partidos tradicionales. Adhieren también sindicatos, grupos estudiantiles, artistas e intelectuales, organizaciones cívicas, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones populares, así como los guerrilleros de las farc que se incorporaban a la vida civil. (Corporación Reiniciar, 2006, p, 4)

Su constitución plural como movimiento, su acogida en diversos sectores de la sociedad colombiana y el compromiso político del Estado de garantizar los derechos políticos de los integrantes y, por ende, cumplir los acuerdos que permitieran realizar las reformas democráticas para el ejercicio de las libertades civiles generaron inconformidades en algunos sectores de la sociedad, lo que condujo a que la up fuera sometida a hostigamientos y atentados, presentándose desde 1984 “los primeros asesinatos y desapariciones forzadas” (Cepeda, 2006).

Es claro que los agentes estatales e integrantes de grupos paramilitares fueron figuras centrales en la persecución sistemática contra la up, que se prolongó por más de veinte años y terminó con el exterminio del movimiento político. Esta situación se produjo porque los organismos estatales no garantizaron su protección debido a las acusaciones y posterior renuncia del presidente de la Comisión de Paz Otto Morales Benítez, quien impedía el diálogo con la guerrilla acusando a la up de ser portavoces de la insurgencia armada.

Esto conduce a mencionar rasgos que configuran la persecución sistemática, según lo expuesto por Iván Cepeda4, ya que en las últimas décadas se han negado los homicidios y las desapariciones sistemáticas hacia la up. Dentro de estos rasgos encontramos: 1) la intencionalidad de los criminales fue acabar con el grupo político y expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes; 2) la perpetración del genocidio.

Notas:
4 Senador del partido político Polo Democrático Alternativo (pda).

cuestiona la democracia y la institucionalidad colombiana, ya que las modalidades de persecución presentan tanto formas legales (disposiciones de carácter jurídico administrativo) como ilegales (acciones paramilitares, etc.); 3) los graves hechos de persecución se llevaron a cabo durante un periodo que abarca dos décadas y seis gobiernos de diferente filiación política, lo que demuestra que la intencionalidad persecutoria ha perdurado en el tiempo y ha tenido unas consecuencias determinadas para el grupo político (Cepeda, 2006).

Ante este escenario (la persecución y la desaparición de integrantes, militantes y simpatizantes de la up), se empieza a configurar el debilitamiento del partido político en todos sus niveles. Dicho proceso se clasificó en tres periodos de tiempo: en primer lugar, se encuentra el periodo que comprende desde 1984 hasta 1992; el segundo momento abarca desde 1992 hasta el 2002; y el último periodo de tiempo va desde el 2002 hasta el 2018.

Así pues, de 1984 a 1992 se presenta el mayor índice de genocidios, según el informe oficial elaborado por el defensor del pueblo de la época, quien registró 717 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas (Cepeda, 2006). Lo anterior se generó por la persecución intensiva de grupos paramilitares y fracciones estatales bajo influencia de sectores ganaderos y empresariales, y grupos de los partidos liberales y conservadores que temían que las alcaldías escaparan de su control debido a la descentralización política que permitía la elección popular de alcaldes.

Esto conllevo a que en los años electorales comprendidos entre 1986 y 1988, “se registraron hechos de criminalidad generalizada en las zonas de influencia de la up”(Cepeda, 2006, p. 106) y luego en los años de posesión de los elegidos:

“Esa violencia se hizo sentir especialmente en aquellos municipios y ciudades donde el grupo político obtuvo poder local y comenzó a desarrollar programas de gobierno que incluían la construcción de obras públicas, hospitales y escuelas” (Cepeda, 2006, p. 106).

A partir de esto, los líderes de la up denunciaron planes de exterminio elaborados por las fuerzas militares. Entre esas denuncias se conoce el “Plan Esmeralda” (1988) que consistía en eliminar la influencia política de la up y el Partido Comunista en departamentos del Meta y Caquetá. También denunciaron “La Operación Cóndor” (1985) y el “Plan Baile Rojo” (1986), que tenían como propósito “asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas”(Cepeda, 2006, p. 107).

Entre las víctimas del genocidio, durante este primer periodo de tiempo, se encuentran sindicatos, miembros de movimientos cívicos y organizaciones comunitarias, educadores o simpatizantes. Así mismo se ubican. los magnicidios de dos candidatos presidenciales de la up, Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990) (figura 1).

Ahora bien, es importante señalar que, mientras se desarrollaba la persecución a este partido político, se adoptó en 1991 la nueva Constitución Política. Teniendo en cuenta esto, el segundo periodo de persecución contra la up (1992-2002) se enmarca dentro de un proceso de políticas neoliberales de “apertura económica” que se caracterizó por la reducción del Estado y la privatización de las empresas públicas. Ante este panorama de neoliberalización de la economía y reducción de las funciones del Estado, los parlamentarios de la up “propusieron proyectos de ley tendientes a ampliar las funciones sociales y la cobertura del Estado en campos como la educación, la salud, el trabajo y la cultura” (Cepeda, 2006, p. 108). Estos proyectos de ley y las denuncias en contra de la operación “Plan Golpe de Gracia”, que fue elaborada por altos mandos militares, produjeron que paramilitares y suboficiales del ejército asesinaran a Manuel Cepeda Vargas, quien era el único parlamentario de la up que quedaba en el Congreso de la República (Cepeda, 2006).

Durante este periodo de tiempo (1992-2002) los grupos paramilitares se posicionan bajo nuevas formas de legalidad, entre las cuales se destaca el porte de armas, situación que tuvo efectos en los militantes y simpatizantes de la up pues fueron asesinados por el Ejército Nacional bajo el “Plan Retorno” (1993). Este espectro alimentó la legitimidad del genocidio por parte de funcionarios estatales y demás sectores de la sociedad que arremetieron contra la up, banalizando las denuncias sobre amenazas hacia los integrantes del partido político. Como parte final de la persecución y el asesinato a integrantes, militantes y simpatizantes de la up en el 2002 se dio el “golpe de gracia”, pues el Consejo Nacional electoral le retiró el estatuto legal para el funcionamiento del partido (Cepeda, 2006).

Finalmente, entre el 2002 y el 2018, y en especial bajo el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, fue la fase de exterminio de los sobrevivientes de la Unión Patriótica, puesto que durante este periodo:

Según la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 136 miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, otros 38 han sido desaparecidos y 28 más sobrevivieron a atentados personales. (Cepeda, 2006, p. 109)

Condiciones económicas territoriales y asesinatos de la up

En relación con la contextualización anterior, es importante precisar que, durante el genocidio de la up, hubo departamentos en los que el índice de persecuciones, asesinatos y desapariciones forzadas fueron mayores en comparación a otros departamentos. Dicha situación se produjo debido a su posición estratégica y al poder que configura el control de dichos territorios. Estos pivotes geográficos no solo se encuentran a nivel internacional, sino también al interior de la misma nación, la cual tiene lugares estratégicos que sirven como medios de producción para tener dominio y poder frente al territorio nacional.

Teniendo en cuenta la figura 2, es evidente que las mayores víctimas del genocidio se encuentran en departamentos como Antioquia y el Meta. En estos territorios hubo mayor apoyo en las votaciones hacia la up, por lo cual se convirtió en la primera fuerza. De esta manera, Antioquia es un pivote geográfico, específicamente el Urabá antioqueño, debido a su rica región bananera, a su corredor estratégico tanto para el tráfico de drogas y armas como para el desarrollo de un megaproyecto de palma en la zona del Chocó por parte de Vicente Castaño (Verdad abierta, 2016)

Sumado a lo anterior, la penetración del capital del narcotráfico en la región de Urabá y la llegada de los grupos paramilitares terminaron creando una alianza para el exterminio. De acuerdo al fallo, durante 1983 y 1984, Fidel y Carlos Castaño iniciaron la compra de grandes extensiones de tierra en Córdoba y Urabá, en un proceso de expansión y desarrollo de la capacidad ofensiva para combatir a la guerrilla, cuidar la propiedad de empresas y ganaderos, garantizar el negocio del narcotráfico, y atentar contra militantes, dirigentes y simpatizantes de organizaciones de izquierda. (Verdad abierta, 2016)

Por otro lado, el Meta se convirtió en un pivote económico por centrar su economía en la producción petrolera, lo cual produjo tres cosas: la primera fue consolidar su presencia como mayor productor de crudo del país; la segunda relaciona al petróleo como fuente económica de multinacionales y de grupos armados ilegales, entre estos los paramilitares; y, por último, la petrolización de la economía del Meta permitió que este departamento aportara cantidades importantes de regalías a la economía nacional.

En síntesis, estos factores, la posibilidad de elección popular de alcaldes y las condiciones económicas de los territorios contribuyeron a la intensificación de la violencia en donde la up obtuvo poder local. Ese poder se alcanzó por el desarrollo de programas de gobierno que incluían la construcción de obras públicas. Adicionalmente, los grupos políticos dominantes en los territorios donde la up fue primera fuerza política sintieron temor de ver reducido su control sobre los medios de producción ya expuestos. Por todo ello,

Los homicidios llevados a cabo en los municipios perseguían no sólo erradicar la competencia electoral que representaba la militancia de izquierda, sino además saldar los conflictos sociales relacionados con los problemas laborales, de tenencia y acumulación de tierras, o de cobertura y costo de servicios públicos en el ámbito local. (Cepeda, 2006, p. 107)

Relación entre el genocidio de la up y elementos teóricos de Negri y Hart

En el transcurso de este apartado se establecen conexiones entre tres elementos teóricos propuestos por Hardt y Negri en su libro Multitud (2004) y lo sucedido a la up. En este sentido, en primer lugar, se indica la distinción amigo/enemigo, seguida del estado de excepción y, por último, se señala el concepto de biopoder.

Con base en el orden anterior, es adecuado señalar que la distinción amigo/enemigo en el caso del genocidio de la up se presentó desde el origen de este partido político. Se inició la creación de discursos de rechazo hacia el partido; el de mayor trascendencia fue definir a este naciente partido como un enemigo en razón de su origen y creer que era una fuerza política relacionada con la guerrilla de las farc-ep. Un ejemplo claro de esta situación se presentó cuando alias HH, un reconocido jefe paramilitar y que colaboró en el sometimiento de la up declaró que: “Para nosotros la up fue creado por las farc. Quizá muchos simpatizantes no tenían que ver con la guerrilla, pero por el hecho de pertenecer a algo relacionado con lo subversivo, los matamos” (Verdad abierta, 2016).

Esta construcción de la realidad sobre la up fue uno de los elementos que ocasionó el asesinato y las desapariciones de sus simpatizantes, integrantes o militantes. De igual manera, este planteamiento provocó que el Estado de alguna u otra manera otorgara cierto grado de legitimidad a dichas acciones que eran desarrolladas por las fuerzas militares y los paramilitares. Es de anotar que estas acciones pretendían funcionar como mecanismo restaurador de la democracia y demostrar la necesidad de seguridad ante el nuevo partido político.

Retomando el imaginario construido sobre la up y su supuesta filiación con la guerrilla de las farc-ep, se puede inferir que, a pesar de ser actores diferentes, fueron equiparados bajo el concepto de subversivos, por lo cual “plantear que el enemigo es el mal confiere un carácter absoluto a ese enemigo y a la lucha contra él y la saca del terreno de la política, puesto que el mal es enemigo de toda la humanidad” (Hardt y Negri, 2004, p. 37). En conclusión, el genocidio de la up corresponde más a una realidad construida sobre su origen y en menor medida sobre su agenda política, lo cual permite poner sobre la mesa el tema de saber si el Estado eliminó todo carácter político sobre la up.

Por su parte, para comprender el estado de excepción es preciso manifestar que el Estado colombiano se ha construido y configurado de forma permanente y generalizada bajo un estado de guerra y corrupción como norma y principio organizador de la vida social, económica y política, y, a su vez, la guerra y la corrupción han sido la excepción frente a la ley. A la luz de esta premisa podemos comprender el genocidio de la up en tanto que los asesinatos, las masacres, los hostigamientos y las desapariciones forzadas se cometieron en contra de los artículos 35, 186 y 197 de la Declaración de los Derechos Humanos, y en contravía del artículo 197 de la Constitución Política de Colombia de 1886.

Con base en lo anterior, encontramos que “estas nuevas formas de poder y control actúan en contradicción cada vez más flagrante con la nueva composición social de la población y sirven únicamente para bloquear las nuevas formas de productividad y la expresión de la ciudadanía” (Hardt y Negri, 2004, p. 39). Esto queda reflejado con dichas acciones violentas que no permitieron la existencia de una apertura democrática real y mucho menos las transformaciones sociales necesarias para el país y la consecuente mejoría en condición de vida de los y las colombianas.

Para finalizar, el biopoder descrito por Negri y Hardt (2004) se manifiesta en “El poder soberano que controla tales medios de destrucción es forma de bio-poder” (p. 40). En consecuencia, los paramilitares y las instituciones estatales tenían el poder sobre la vida de los integrantes, simpatizantes y militantes del movimiento político up.

La aniquilación sistemática e intencional del partido atribuyó de forma directa e indirecta a las fuerzas militares y a los paramilitares un poder que dispone directamente de la muerte: “no solo la del individuo o la del grupo, sino la de la propia humanidad y quizá de todos los seres vivos” (Hardt y Negri, 2004, p. 40).

De esta manera, las elites políticas y económicas del país siempre que ven amenazados sus intereses acuden al uso de la violencia física, psicológica y simbólica hacia la sociedad colombiana, de tal forma que no dan cabida a la conformación de movimientos opositores. Por lo tanto, existe una limitación en la construcción y el ejercicio de la democracia. Bajo esta línea, “Huntington sostenía que la democracia debía ser atemperada por la autoridad, y debía evitarse que varios segmentos de la población tuvieran una participación demasiado activa en la vida política o exigieran demasiado al Estado” (Hardt y Negri, 2004, p. 57).

En general, es claro que la guerra relacionada con el biopoder siempre ha estado vinculada dentro del territorio a los cambios de los modos de producción económica, como es el caso de la extracción de petróleo, y a la tenencia de la tierra para cultivar

NOTAS

5 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

6 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestarlas, individual y colectivamente, en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto, y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

7 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos.

productos que respondan a necesidades globales. Con esto se referencia el mantenimiento de las economías subterráneas como el narcotráfico, que, debido a su ilegalidad, genera multitud de activos para aquellos que presentan el control del territorio.

Políticas de memoria, evidencia de la aquiescencia del Estado colombiano frente al genocidio de la Unión Patriótica

Los ataques contra simpatizantes, militantes e integrantes de una fuerza política y democrática como la up, que en su momento fue representativa de un sector amplio de la sociedad, fueron definidos como genocidio, el cual implicó la participación de diferentes actores. Entre ellos se encuentran los grupos paramilitares, las fuerzas militares, fuerzas oscuras de sectores políticos del Estado, y el silencio de los medios de comunicación.

Por lo anterior, hubo una alteración y vulneración a los derechos fundamentales individuales y a los derechos políticos, como la organización colectiva y política. Adicionalmente, ante la falta de reconocimiento, la evidente invisibilización del genocidio, en cierta medida, y la visión desfavorable construida sobre los hechos que rodearon el nacimiento del partido político, se hizo necesaria la construcción de memoria histórica.

La memoria es necesaria en tanto permite producir diálogos, negociaciones o reconocimiento de las víctimas, el victimario y, en general, la sociedad civil. En este sentido, la memoria es una herramienta de las víctimas para buscar justicia, verdad, reparación integral y no repetición, permitiendo con ello dignificar a las víctimas y posicionar su relato en un contexto de violencia que los ha silenciado y violentado sus derechos humanos.

De esta manera, históricamente y hasta la actualidad las víctimas de la up, junto con otros actores que buscan promover los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, han desarrollado acciones a nivel internacional y nacional que tienen como objetivo construir memorias que, más allá de las búsquedas de la reivindicación de los muertos de esos años de violencia, “reclaman la vida y los sueños que han representado a la up. Los sueños de transformación y cambio para la construcción de una sociedad en paz y, por, sobre todo, un país democrático que respete la diferencia” (Mora, 2016, p. 28).

A razón de lo anterior, se enumeran las distintas acciones —principalmente ligadas a procesos institucionales y burocráticos— que se han realizado desde los años noventa hasta el 2018. Estas acciones ponen en evidencia la ineficiencia y dilatación por parte del Estado y la flexibilidad en la norma, que, junto con las intermediaciones por parte gobiernos y representantes políticos, han construido un relato de deslegitimación del partido político y del genocidio del que fueron objeto.

Estos hechos han llevado a una limitación en las acciones necesarias para alcanzar los mecanismos que defiendan la vida, la paz y la democracia.



Dentro las acciones llevadas a cabo desde el Estado, es relevante indicar los reclamos y las quejas por parte de los líderes del partido político y las víctimas que fueron desconocidas por el Estado colombiano durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998). Los reclamos fueron encabezados por la Dirección Nacional de la up, la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar — Corporación Reiniciar— y la Comisión Colombiana de Juristas, quienes presentaron el caso del genocidio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en 1993 y el del magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas. La admisión del caso por parte de la cidh fue en 1997, atribuyendo la responsabilidad de los asesinatos de los miles de militantes del partido político al Estado colombiano debido a la tolerancia que se tuvo frente a este tipo de prácticas de eliminación y exterminio. Posterior a esto se planteó que los peticionarios y el Estado colombiano llegaran a un acuerdo amistoso en el que se exigía lo siguiente:

Dicha propuesta exhortaba al gobierno a que reconociera expresamente la responsabilidad estatal en el genocidio contra la up, y separará del servicio activo a los funcionarios públicos que hubieran participado en ese exterminio. La propuesta también insistía en la adopción de medidas genuinas para investigar, juzgar y sancionar las violaciones, y la garantía de una reparación integral para las víctimas y el grupo político. (Corporación Reiniciar, 2006, p.7)

Dicha propuesta tuvo respuesta solo hasta 1999 en la presidencia de Andrés Pastrana y participó la Comisión Mixta con delegados del Estado y los representantes de las víctimas. Dicha Comisión culminó su labor con logros importantes, entre estos, el compromiso del gobierno colombiano de instaurar un programa de protección para las víctimas y los sobrevivientes de la up y el Partido Comunista Colombiano, siendo este programa un requisito previo exigido por los peticionarios para abrir el proceso de concertación. También elaboró una propuesta metodológica para la búsqueda de una solución amistosa entre las partes.



Para el 2000 se suscribió el acuerdo “para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso Unión Patriótica, por la realización de los derechos a la verdad y a la justicia y por el reconocimiento de una reparación integral”. Sin embargo, para el 2001, con la puesta en marcha de las distintas acciones acordadas con el Gobierno nacional, se empieza a evidenciar una dilatación del proceso que se agudiza con el posicionamiento en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Dentro de estas dilataciones se presentaron dificultades para avanzar en las tareas del grupo de trabajo delegado, como

[…] la falta de definición de un cronograma de actividades, con plazos y compromisos concretos; el incumplimiento en la financiación de las gestiones acordadas; y la poca capacidad de gestión y decisión de los funcionarios delegados por las instituciones estatales, particularmente, en el caso de la Fiscalía y de la Vicepresidencia de la República. (Corporación Reiniciar, 2006, p. 9)

Este panorama dio lugar a la decisión de no continuar con el proceso, sumada a la reactivación de la persecución contra la up y demás participantes por parte de este gobierno, lo que se intensifica con el discurso de señalamiento contra el comunismo y las acusaciones al partido.

Ante la ya difícil situación por la dilatación en la ejecución de los acuerdos establecidos y los discursos de señalamiento hacia el partido político up, se sumaron distintas políticas gubernamentales que siguieron legitimando el accionar violento por parte de grupos paramilitares, las fuerzas militares y la maquinaria tras los intereses políticos por la continuidad en el poder. Este accionar produjo un detenimiento definitivo del proceso de conciliación con el Estado, lo que llevó a los peticionarios a interpelar nuevamente ante la cidh a mediados del 2016, encontrándose a la espera de “una decisión de fondo de esa instancia en la que reconozca las múltiples violaciones, y la responsabilidad estatal en su comisión” (Corporación Reiniciar, 2006, p. 11).

Por otro lado, en el contexto nacional se encontró que no existen políticas de memoria sobre este genocidio. No obstante, se reconoce que hay algunas iniciativas que no se consolidaron por la confluencia de intereses y las coyunturas sociales, políticas y económicas del país, a lo cual se suma la latente guerra del país que se intensificó a finales del siglo xx e inicios del xxi.

De otra parte, se evidencia que, a partir de la primera presidencia de Juan Manuel Santos en el 2012, que se extendió hasta el 2018, se pretendió establecer una relación con las víctimas de la up —y con otras víctimas del conflicto— en el marco tanto de la firma de los acuerdos pactados en La Habana como del actual “posconflicto”.

Ahora bien, algunas de las iniciativas planteadas son:

Proyecto de Ley 131 del 2005 del Senado de la República

Dicho proyecto de ley tenía como objeto responder a las demandas interpuestas por la cidh y promover la reparación simbólica a las víctimas de la up a partir de actividades y alternativas que tenían como propósito garantizar la memoria y que fueron creadas entre los representantes del movimiento político y los representantes del Estado. A partir de esta se obtuvo la declaración del 11 de octubre (aniversario del asesinato de Jaime Pardo Leal) como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica, y se dictaron otras medidas de reparación simbólica para las víctimas y sus familiares, algunas de continuidad como el Encuentro Nacional por la Dignidad de las Víctimas del genocidio de la Unión Patriótica (celebrado anualmente). Otras acciones no llegaron a consolidarse debido a que no se continuó con la aprobación de la ley y al detenimiento del proceso por la falta de compromiso estatal, como las Cátedras Unión Patriótica —cuyo objetivo era la difusión pedagógica de la historia del movimiento político y las causas de su exterminio—, la creación de un monumento y la construcción de una iconografía urbana.

Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones

Esta ley tiene como objeto establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas. Esta categoría es definida según lo expuesto en el siguiente artículo:

ARTÍCULO 3º. aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Con esta definición, y dentro de un marco de justicia transicional, se busca garantizar los principios que reivindican los derechos humanos individuales y colectivos de restauración y goce de sus derechos de quienes han sido vulnerados —se resalta el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Creación de la Unidad de Víctimas de la up

Esta nace de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, institución cuyo origen se da en el 2011 a partir de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado interno. Esta ley fue prorrogada por diez años más bajo la Ley 2078 del 8 de enero del 2021 dictada por el presidente Iván Duque. De manera concreta, la Unidad de Víctimas de la up es creada con el fin de que a partir de los esfuerzos interinstitucionales del Gobierno nacional se fortalezca y garantice la reparación integral de las víctimas de la up, contando con el apoyo de otras entidades.

De lo anterior se han obtenido avances respecto al reconocimiento político en distintos escenarios, como el otorgamiento de la personería jurídica (2013) y la participación en elecciones. En relación con la reparación integral y el fortalecimiento de la memoria, se encuentran apuestas de visibilización como cuñas radiales, la creación de un documental sobre la up, y el apoyo a la expedición del Decreto 2096 del 11 de octubre del 2012, “Por el cual se unifica el Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y se dictan otras disposiciones”.

Finalmente, sobre esta unidad y la intención del Gobierno para alcanzar los objetivos, cabe resaltar que se expresa la voluntad política del Estado ante la cidh, las víctimas y el movimiento político de llegar a una solución amistosa del caso 11.227 sobre la Unión Patriótica, donde estos sean aportantes para la democracia y la paz del país, reiterando además el compromiso de identificar a los responsables de los crímenes que dieron lugar a la eliminación del partido.

Conclusión

Las características económicas de Colombia para 1985, junto con las propuestas de la ley de amnistía del gobierno de Betancourt, permitieron identificar que el partido político de la up tenía una fuerza local y nacional bastante importante que en cierta medida amenazaba los intereses de las clases políticas dominantes locales, las cuales anclan su poder al control territorial, puesto que cuestionaron su legitimidad, ocasionando el exterminio sistemático del partido político para mantener el statu quo.

El nacimiento de la up y la construcción que otros actores hicieron sobre el partido político permitió establecer la relación entre los elementos teóricos propuestos por Michael Hardt y Antonio Negri, en particular sobre la distinción entre amigo/enemigo, pues durante ese periodo de tiempo se instaló un relato que emparejaba al partido al ala política de las farc-ep, lo cual provocó temor en diferentes actores de varias zonas del país. Adicionalmente, este emparejamiento eliminó la agenda política de la up en tanto que sus propuestas ponían en entredicho la política tradicional e histórica colombiana. Estos dos elementos lo que hicieron fue nutrir el imaginario de la up como un enemigo de la sociedad y, por tanto, legitimar el genocidio.

Durante el rastreo sobre las políticas de memoria en el caso de la up, se identificó que durante veinte años no se hicieron mayores esfuerzos por la reconstrucciónde memorias colectivas y relatos históricos que garanticen la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Sin embargo, durante el mandato presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2018) se evidenció el interés por integrar a la up a la institucionalidad. Este accionar sería beneficioso en tanto los sobrevivientes del genocidio fueron integrados en la categoría de víctimas y en la apertura democrática que se propuso en el acuerdo de La Habana. Esto podría garantizar un avance para alcanzar la reparación integral de la up en la medida en que la construcción de verdad histórica permita explicar el genocidio de este partido político, y, por tanto, responda a las preguntas sobre qué pasó y quiénes son los implicados en la perpetuación de las acciones de persecución y eliminación.

Por otra parte, es importante visibilizar procesos realizados fuera de la institucionalidad llevados a cabo por organizaciones, colectivos y otras formas de agrupación, los cuales, en conjunto con los sobrevivientes de la up, han realizado acciones pedagógicas, culturales, sociales y políticas que pretenden reivindicar sus memorias y construir la historia. Con ello se destaca que la memoria es un proceso de construcción mancomunada que recoge las experiencias personales, territoriales y alternativas.

Referencias

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